El Enfrentamiento de Poderes

“Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo”

(Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos 13:3)

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Thomas Jefferson, el más pre claro de los Padres Fundadores de los Estados Unidos, definió en los siguientes términos el papel que debe jugar todo poder judicial en una república:

“El Poder Judicial debe ser independiente de otros poderes del gobierno, pero no independiente de la nación misma. Es apropiadamente responsable ante el pueblo por sus decisiones irregulares y censurables”

“Un poder judicial independiente de un rey o del ejecutivo, es algo bueno; pero ser independiente de la voluntad de la nación, es un individualismo inaceptable en un gobierno republicano…”

A partir de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos (1788) y la difusión de los postulados de la Revolución francesa (1789-1799), se han sucedidos en los países que asumieron la forma republicana de gobierno conflictos institucionales, los que algunos autores de derecho constitucional han denominado enfrentamientos de poderes. Entre estos, encontramos la variante de la dictadura judicial. Esta forma de conflicto institucional, acontece cuando lo judicial invade la esfera de las atribuciones constitucionales y legales de los otros órganos del estado. Según los autores modernos, la condición primaria para la existencia de una dictadura judicial es que la nación sea sometida a los esquemas de poder de los jueces, sin ninguna vía de escape, ya que no existe nadie a quien acudir en procura de la recta aplicación de la justicia. El recién fallecido Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Antonin Gregory Scalia (1936-2016), calificó la invasión judicial de áreas y derechos que constitucionalmente son ajenas al poder judicial, como,

“… una descarada pretensión a súper poderes legislativos, una pretensión divorciada de nuestro sistema de gobierno

La finalidad perseguida los jueces al imponerse sobre los otros poderes del estado, se manifiesta en dos vertientes; la primera, se verifica cuando los jueces pretenden erigirse en el poder primario de la nación, en desmedro de los derechos y prerrogativas ciudadanas o las de los otros entes estatales; la segunda, se evidencia cuando el poder judicial actúa identificado o subordinado a otro poder del estado.

Un ejemplo del primer caso de dictadura judicial lo encontramos durante el primer periodo presidencial de Franklin D. Roosevelt (1933 – 1937), cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, de mayoría conservadora, sistemáticamente declaraba inconstitucionales las leyes propuestas por Roosevelt que buscaban dar una base legal a los programas federales originados en la política del New Deal. Al ser reelecto para un segundo mandato (1937-1941), el presidente Roosevelt decidió contraatacar y recuperar el esencial sistema constitucional de checks and balances. Así, en febrero de 1937, Roosevelt presentó ante el Congreso de su País un proyecto de ley que aumentaba hasta 6 el número de miembros de la Corte Suprema, a través de la instalación de un nuevo Juez Asociado por cada uno en funciones con 70 años de edad o más cumplidos, que no se hubiese acogido a jubilación. Aunque el proyecto legislativo fue derrotado – aun teniendo el partido Demócrata amplia mayoría en ambas Cámaras – el inequívoco mensaje presidencial llegó a los Jueces de la Corte Suprema, quienes moderaron su actuación, dejando a un lado sus pretensiones hegemónicas. Resulta interesante mencionar que la Asamblea Nacional de Venezuela, en los años 2002, 2003 y 2016, asumió un camino similar al transitado entonces por el presidente Roosevelt, cuando, en las sucesivas reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia aprobadas en esos años, se aumentó el número de Magistrados de 20 a 30, de 30 a 32 y, finalmente, de 32 a 40, respectivamente, ello con la obvia intención de quebrar el control de las fuerzas antagónicas en el Tribunal Supremo de Justicia

La otra vertiente de dictadura judicial se nos presenta cuando la judicatura se convierte en brazo ejecutor de otro poder público, motivado a una coincidencia de intereses políticos coyunturales o, simplemente, a una subordinación absoluta de los jueces a la fuente real de poder. Un ejemplo muy actual de esta travestía institucional lo estamos viendo hoy en Nicaragua donde 28 diputados opositores fueron despojados de sus curules por el Tribunal Supremo nicaragüense, entregándole de facto el control del Parlamento y del Estado a Daniel Ortega y sus huestes sandinistas. Según nos dice Carlos Sánchez Berzain, Director del Interamerican Institute for Democracy, sobre la repetida ocurrencia de esta forma usurpadora de actuar por parte del poder judicial,

“Nada de esto es nuevo en la historia de la barbarie humana pre y anti democrática; fueron justicias dictatoriales las de la inquisición, las del fas – cismo italiano, del nazismo alemán, del estalinismo soviético…; fueron sentencias infames de “jueces competentes” que mandaron a la muerte a miles de inocentes en las dictaduras de Mao Tse Tung, Hitler, Stalin, Castro…”       

Aunque muchos son los ejemplos históricos de una justicia subordinada a la fuente real de poder, la personificación más representativa de esta travestía institucional la encontramos en Roland Freisler (1893 –1945), aquel juez que presidio en Berlín el llamado Tribunal del Pueblo y quien encabezara los llamados Jueces del Horror en la Alemania nazi. Muchas fueron las víctimas de este moderno Torquemada, quien, en subordinación absoluta a un proyecto político abominable, ordeno la ejecución de cientos de cientos de hombre y mujeres, inclusive de sacerdotes católicos y menores de edad. Como quiera que siempre es bueno que los que emulan a los personajes siniestros de la historia negra de la humanidad sepan cómo estos terminan, refiero que Roland Freisler murió el 3 de febrero de 1945, durante el mayor bombardeo aliado a Berlín hasta esa fecha, cuando una bomba destruyó el edificio donde funcionaba su tribunal inquisidor. Para mayor ignominia a su memoria, la historia nos señala que sus dos hijos (Harald y Roland) dejaron de utilizar el apellido de su padre, tras la muerte de este.

 

EL PODER JUDICIAL EN “LA CUARTA REPÚBLICA’

La Venezuela republicana del siglo XX, se mantuvo al margen de los conflictos hegemónicos entre los poderes del estado, fundamentalmente motivado a que los jueces y demás funcionarios de la República dependían para su designación y estabilidad, o bien de los caudillos de turno (1908-1958), o, durante el periodo democrático (1958-1999), de los partidos políticos. Esta situación se acentuó a partir de 1999 con la promulgación de la nueva Constitución – La Bicha – (aprobada solo por el 30% del total del censo electoral), la cual fue concebida por Hugo Chávez como el instrumento fundamental para la disolución de la República de Venezuela (1961-1999) y su sustitución por la República Bolivariana de Venezuela, la mal llamada La V República (1999 -?).

No deja de ser cierto que durante el periodo democrático que vivió Venezuela a partir del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y hasta la elección por default de Hugo Chávez en 1998 (quien solo obtuvo el apoyo del 33.34% del total de electores inscritos), existió una identificación de la judicatura con el poder político partidista. Así lo confrontamos los abogados del foro cuando nos topábamos con los integrantes de aquellas tribus judiciales vinculadas a los partidos políticos; las que se movían a su antojo en los tribunales, manipulando a jueces que les decretaban medidas preventivas o dictaban los autos de detención de viernes en la tarde, como instrumentos que servían para presionar a clientes o indiciados a pagar altos honorarios profesionales para ser puestos en libertad, o poder salir del País sin impedimento alguno. También se dieron casos de injerencia política en algunos sonados asuntos judiciales, como aquel de la voladura del Vuelo 455 de Cubana de Aviación, hecho acontecido en Barbados en 1977, en el cual una juez penal, por orden directa de Miraflores, dictó autos de detención a los indiciados en el caso en menos de 24 horas, en un expediente judicial contentivo de cientos de folios, todos en idioma inglés, y sin que la jurisdicente del caso supiera, ni tan siquiera, contar del 1 al 5 en ese idioma. Pero quizás el ejemplo más emblemático de la judicatura venezolana identificada con el partidismo político, lo vivimos en el juicio a Carlos Andrés Pérez. En esa tramoya judicial, definitoria del futuro de Venezuela, el establishment partidista de la época – incluyendo a Acción Democrática – se confederó con el poder judicial, no para enfrentar al poder ejecutivo en una pugna institucional, sino para sacar a un hombre de la Presidencia de la República, quien había decidido gobernar al País al margen de nocivos intereses partidistas. Es bueno recordar que la encargada de enjuiciar a Carlos Andrés Pérez por el delito de peculado, fue la Doctora Cecilia Sosa Gómez, magistrada que jugaría años más tarde un triste papel estelar en la criminal disolución de la República de Venezuela.

 

EL PODER JUDICIAL EN LA V REPUBLICA

Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, se acentuó aún más la subordinación de la judicatura a los designios del poder político y, por ende, al caudillo. En efecto, el primer golpe dado a la legalidad constitucional venezolana tuvo su origen en una Corte Suprema de Justicia, entonces presidida por la Dra. Cecilia Sosa Gómez la cual, en un afán de congraciarse con el nuevo régimen y su líder, incurrió en lo que algunos han dado a llamar el pecado original que llevó al desconocimiento de la Constitución de 1961, la misma que cínicamente era llamada por Hugo Chávez La Moribunda. Ese desafuero constitucional cometido por los magistrados de la época, se fundamentó en la populista tesis invocada por la Dra. Sosa Gómez del poder constituyente originario, y produjo la llave que le abrió la puerta a la elección e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se convirtió en la sepulturera de la República de Venezuela. Como todo se paga en esta vida, el interesado accionar de la Dra. Cecilia Sosa y de sus fariseos colegas magistrados, cuyo despropósito era el congraciarse con el nuevo poder caudillista instalado en Miraflores, recibió su justa “recompensa”, ya que, por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, la Corte Suprema de Justicia quedó de hecho y de derecho disuelta. Como si el destinatario final de aquel lapidario refrán llanero del Presidente Luis Herrera Campin – “tarde piaste pajarito” – no fue el Presidente Jaime Lusinchi, sino la propia Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el destino le reservó a ella la triste tarea de pronunciar la oración fúnebre a la autonomía del poder judicial en Venezuela. En tal sentido, manifestó la Dra. Cecilia Sosa Gómez el 24 de agosto de 1999, ante la prensa nacional:

“Me dirijo al mundo democrático y en particular a los demócratas de mi País, en vista de que la Corte Suprema de Justicia por una mayoría de 8 votos a 6 violó el Estado de Derecho y avaló la injerencia de la Asamblea Nacional Constituyente en la independencia del Poder Judicial. La Corte Suprema de justicia se ha auto disuelto.”

El poder judicial surgido del nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela, contó con un Tribunal Supremo de Justicia compuesto de seis Salas, entre las que se cuenta la Sala Constitucional, una suerte de súper instancia a la cual se le empoderó con la facultad de revisar las sentencias de las otras Salas, incluyendo las de la Sala Plena del Tribunal, de la cual forma parte. Si bien es cierto que todas las decisiones en la esfera pública que se dictaron a partir de 1999, estaban orientadas a facilitar el avance del proyecto de Hugo Chávez, es justeza histórica referir que, desde entonces, tan solo se ha evidenciado un ejemplo de rebelión en la granja judicial contra el poder constituido. Ello ocurrió en el caso de la sentencia del 14 de agosto de 2002, dictada por la Sala Plena Accidental, en relación con la solicitud realizada por el entonces Fiscal General de la Republica, Julián Isaías Rodríguez, de someter a los oficiales generales y almirantes que lideraron los sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2002 al Antejuicio de Mérito previsto en el artículo 226, ordinal 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, imputándoles el delito de rebelión militar. Por una mayoría de 11 votos a favor y 9 en contra, la Sala Plena Accidental, con ponencia del magistrado Franklin Arrieche Gutiérrez, decidió que no había existido el delito de rebelión militar imputado por el Fiscal General, ya que la actuación de los oficiales procesados, según la sentencia, estuvo “preñada de buenas intenciones” y dirigida a “impedir daños a la paz del país”. Por su puesto, la reacción virulenta de un resurgido Hugo Chávez contra esa decisión no tardo en manifestarse. Emulando a su mentor caribeño, quien por radio y televisión revocara la sentencia dictada el 2 de marzo de 1959 en Santiago de Cuba por un Tribunal Militar en el llamado Juicio a los Aviadores, Hugo Chávez, con su característica procacidad, se refrió a la llamada sentencia de vacío de poder, en los siguientes términos:

“Esos once magistrados no tienen moral para tomar ningún otro tipo de decisión, son unos inmorales y deberían publicar un libro con sus rostros para que el pueblo los conozca. Pusieron la plasta”

Pero allí no quedó la cosa, pues para asegurarse que tal situación no volviera a presentarse, Chávez exigió a la Asamblea Nacional garantizarle de forma definitiva el control de la justicia en Venezuela. Dijo Hugo Chávez entonces:

“No nos vamos a quedar con esa, ahora lo que viene es un contraataque del pueblo y de las instituciones verdaderas, contraataque revolucionario. Así que la Asamblea Nacional que los nombró, tiene que asumir su tarea, para evaluarlos y el que no tenga los requisitos habrá que sacarlo de allí”

Las órdenes del Comandante fueron cumplidas a cabalidad por los diputados de la Patria, quienes el 3 de diciembre del 2002 cobraron su primera víctima al declarar nulo el acto de designación del magistrado ponente de la decisión plasta, Franklin Arrieche Gutiérrez, para de seguido sancionar una nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que contemplaba: (i) un procedimiento expedito para “suspender” cualquier “magistrado rebelde” y, (ii)  aumentar el número de magistrados de 20 a 30, para colocar en definitiva minoría a los magistrados no confiables que aún quedaban en el Tribunal Supremo. Al año siguiente, para asegurar aún más la mayoría sumisa, se amplió el número de magistrados de 20 a 32, la composición actual del Tribunal Supremo. Cabe señalar que el 11 de marzo de 2005, la Sala Constitucional, mediante un Recurso de Revisión accionado por el Fiscal General de la República Julián Isaías Rodríguez, anuló la sentencia de la Sala Plena del 14 de marzo de 2002, para que dos años después, el 17 de abril del 2007, la Sala Penal, en el proceso de extradición de Pedro Carmona Estanga, reescribiera la historia del 11 de abril de 2002, calificando los hechos entonces sucedido como un “alzamiento en actitud hostil”.

Los siguientes años transcurrieron sin sobresaltos judiciales para la revolución, pues se contaba con una magistratura sumisa, en todos sus niveles e instancias, y con un Tribunal Supremo de Justicia totalmente alineado con el proyecto revolucionario. Así lo confirmó la entonces presidenta del Tribunal Luisa Estela Morales Lamuño, quien en diciembre de 2009 se pronunció en favor el concepto estalinista que elEstado es uno y el Poder es uno”. Dijo la Sra. Morales Lamuño en esa ocasión:

La división de los poderes es un principio que debilita al Estado”

Revisando la historia documentada de quien hasta mayo de 2013 fue Presidenta del Máximo Tribunal de la República, se debe resaltar que la Dra. Luisa Estela Morales Lamuño fue destituida de sus cargos de Juez de Primera Instancia Agrario del Estado Yaracuy (1989) y como Magistrada de lo Contencioso Administrativo (2003); en el primer caso motivado a “faltas graves que comprometían la dignidad del cargo” y en el último, por “cometer grave error jurídico de carácter inexcusable’.

Para concluir esta semblanza de poder judicial en la V República, no está de más reseñar dos incidentes potencialmente dañinos para el proceso revolucionario, uno acontecido en el año 2006 y el otro comenzando el año 2012. Estos hechos se sucedieron con las fugas de los magistrados Luis Velásquez Alvaray de la   Sala Constitucional, y Eladio Aponte Aponte, presidente de la Sala Penal. En relación al primero, de inmediato se calificó a Velásquez Alvaray de corrupto y ladrón y, en lo referente a Eladio Aponte Aponte, a este se le vinculó con el narcotraficante Walid Makled. En justicia, no debemos olvidar a otro personaje que le hace gala al cuadro de honor de la magistratura revolucionaria. Me refiero Mikel Moreno. Este abogado, quien fue el defensor de los patriotas de Puente LLaguno, fue acusado por el ex magistrado sub judice Luis Velásquez Alvaray de ser el jefe de la llamada Banda de los Enanos, una versión revolucionaria de las tribus judiciales de anteriores épocas. En el año 2007, Mikel Moreno fue destituido de su cargo de Presidente de la Sala 7 de Apelaciones de Caracas por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial por haber desacatado una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. A raíz de la defenestración del Sr. Moreno de su cargo de juez, este fue cobijado por el entonces Canciller de la República, el paisa Nicolás Maduro Moros, quien lo asimiló en el servicio exterior y lo envió en misión a Roma. Pasado un tiempo prudente y olvidado su notorio pasado, Mikel Moreno fue designado en el año 2014 magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, donde lo encontramos hoy como Presidente de la Sala Penal.

Y el Proceso Revolucionario siguió su prefijado curso a paso de vencedores, predominando el colaboracionismo entre todos los poderes del estado que apoyaban, sin reparo alguno, la marcha del proyecto político llamado Socialismo del Siglo XXI. Pero inesperadamente se hizo presente una Ley que no podía ser controlada, modificada o ignorada, ni siquiera por un Tribunal Supremo de Justicia comprometido ciegamente con el inquilino de Miraflores. Esa Ley que establece el empírico axioma que, si algo puede salir mal, seguramente saldrá mal, es la pesadilla de todo pretendiente del poder absoluto y se conoce con el nombre de la Ley de Murphy. En efecto en junio de 2011, se le anuncio oficialmente al País que Hugo Chávez Frías, el padre de la nueva socialista y revolucionaria Venezuela, padecía de un tumor canceroso que debía ser tratado con la rigurosidad del caso. Aunque nunca se supo el tipo de malignidad que padecía el Comandante en Jefe, ni su pronóstico clínico, era evidente que el organismo de Chávez se deterioraba con el paso de los días. Pese a haber sido sometido en Cuba a varias intervenciones quirúrgicas y a fuertes tratamientos oncológicos, el paciente no mejoraba y las células malignas continuaban pululando incontroladas en el organismo presidencial. Así todo, los supervisores caribeños del poder chavista, decidieron que era vital, sin importar el perjuicio que ello implicara para la comprometida salud de Chávez, que este se lanzara a una última campaña electoral que inevitablemente, por muy controlada que se realizara, tendría efectos funestos para la expectativa de vida del paciente. Esta decisión resultó terminal para Chávez, a quien vimos los venezolanos en más de un acto de campaña perder el control de su cuerpo y mostrar en su rostro la agonía que estaba sufriendo por el degaste físico y mental que implicaban los actos de masa a los que forzosamente tenía que acudir.

 

El triunfo alcanzado el 7 de octubre de 2012 por Hugo Chávez y su posterior alocución a la nación el 8 de diciembre, en la cual, por orden de Cuba, se descartó a Diosdado Cabello como sucesor a la presidencia, abrió el camino hacia la perpetración del mayor fraude constitucional en la historia de Venezuela, uno que ha significado para el País – partiendo del supuesto que Nicolás Maduro cumple con los requisitos de nacionalidad previstos en el artículo 41 de la Constitución Nacional para ser presidente – que todo acto ejecutado desde la presidencia de la Republica a partir del 10 de enero de 2013, es nulo de toda nulidad. Una vez cumplida su impuesta misión de ganar las elecciones presidenciales y apartar políticamente del camino al poder a Diosdado Cabello, Hugo Chávez partió por última vez a Cuba, para nunca más regresar a Venezuela, por lo menos con vida.

 

Cuando era ya evidente para los sátrapas venezolanos que Hugo Chávez no estaría presente en el acto de su toma de posesión como presidente reelecto de la Republica, pautado para el 10 de enero de 2013, resultaba vital adoptar los correctivos necesarios tendientes a (i) evitar que Diosdado Cabello asumirá interinamente la Presidencia de la Republica, conforme se establecía en el artículo 233 de la Constitución Nacional; (ii) entregarle las riendas del poder a Nicolás Maduro, el Candidato Manchuria de Cuba, y (iii) ganar tiempo para que Maduro se asentara en la presidencia y pudiese posicionarse electoralmente para ganar unas elecciones que debían celebrarse dentro de los treinta días siguientes al anuncio oficial de la muerte o incapacidad absoluta de Hugo Chávez. Aquí fue donde entró en juego el sumiso y confiable Tribunal Supremo de Justicia, el que debía producir el sustento jurídico que le diera visos de legalidad al golpe constitucional que se iba a producir a partir del 10 de enero de 2013. Con tal finalidad, el 9 de enero de 2013, en una Ponencia Conjunta, la Sala Constitucional dictó la sentencia No. 02-2013, mediante la cual se permitió a Nicolás Maduro, a partir del 10 de enero de 2013, gobernar como Vicepresidente Ejecutivo de la República, basado en el principio de la necesidad de la continuidad administrativa del estado, sin que fuese necesario entonces, aplicar lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución Nacional que establece que el Presidente de la Asamblea Nacional (Diosdado Cabello) asumirá interinamente la presidencia en caso que el presidente reelecto no se prestara a asumir su cargo el día pautado por la Constitución. Todo quedo resuelto de forma conveniente con el siguiente dispositivo contenido en la sentencia 02-2013:

“En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que, ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto fundamental así lo paute) que el gobierno queda ipso facto inexistente. En consecuencia, el Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa.”

Pero aún faltaba el último eslabón de la cadena, el que permitiese a Nicolás Maduro ser candidato a la presidencia en las obligatorias elecciones a ser convocada cuando se oficializara la muerte de Chávez, sin verse obligado a dejar el poder que había gratuitamente recibido el 10 de enero de 2013. Nuevamente el Tribunal Supremo de Justicia, asumiendo a cabalidad su rol de celestino del poder, cumplió su misión y emitió el 8 de marzo de 2013, a través de su Sala Constitucional, y tan solo un día antes que el Consejo Nacional Electoral convocara la elección presidencial, una decisión producto de otra Ponencia Conjunta, mediante la cual se despojaba a Nicolás Maduro de su inconveniente carácter de Vicepresidente Ejecutivo y se le investía como Presidente Encargado de la Republica, con lo cual, ya no le era aplicable – según el acomodaticio criterio de la Sala Constitucional – la prohibición expresa prevista en el artículo 229 constitucional. Ello significó que Nicolás Maduro podía aspirar a la presidencia de la Republica sin dejar el poder. Vale la pena aquí transcribir el RESUELTO pertinente de la sentencia del 8 de marzo de 2013 en la cual se demuestra claramente que los jueces en Venezuela no son sumisos a la ley, sino sometidos al poder.

TERCERO: RESUELVE, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada respecto del alcance y contenido del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en consecuencia, establece lo siguiente:

  1. a)      Ocurrido el supuesto de hecho de la muerte del Presidente de la República en funciones, el Vicepresidente Ejecutivo deviene Presidente Encargado y cesa en el ejercicio de su cargo anterior. En su condición de Presidente Encargado, ejerce todas las atribuciones constitucionales y legales como Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana;
  2. b)      Verificada la falta absoluta indicada debe convocarse a una elección universal, directa y secreta;
  3. c)      El órgano electoral competente, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la normativa electoral, puede admitir la postulación del Presidente Encargado para participar en el proceso para elegir al Presidente de la República por no estar comprendido en los supuestos de incompatibilidad previstos en el artículo 229 constitucional;
  4. d)     Durante el proceso electoral para la elección del Presidente de la República, el Presidente Encargado no está obligado a separarse del cargo.

Así las cosas, a partir del tiempo transcurrido desde la ratificación en abril de 2013 de Nicolás Maduro como detentador del poder presidencial, existió plena cohesión entre todos los poderes de la Republica, los cuales estaban conformados y controlados por sujetos y sujetas, afectos y afectas al poder, y quienes seguían y alababan (incluyendo por supuesto al mismo Maduro), no a un ser vivo, sino a una suerte de entidad espectral, omnipresente y galáctica, que se materializaba en diferente formas, como aquella  del pajarito capaz de comunicarse e interactuar con Nicolás Maduro, o en esos ojos orwellianos que nos siguen con su mirada de Gran Hermano desde los altos edificios sedes de poderes públicos. Y entonces, la judicatura siguió administrando justicia, no “En nombre de la Republica y por autoridad de la Ley”, sino, según me espetó un Juez Superior de Caracas, sin recato alguno, “En nombre de La Revolución y por autoridad de Hugo Chávez”. Esto me recordó la invocación con la que se iniciaba toda sentencia judicial en la Alemania Nazi:

Im Namen des Deutschen Volks – Justiz – des Fuhrer und Nationalsozialismus

En los últimos días de diciembre de 2014, la Asamblea Nacional designó por mayoría simple, en contravención a lo dispuesto en la entonces vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a 12 nuevos magistrados principales y 4 suplentes, quedando así preparado el terreno para la próxima designación de jueces del Tribunal Supremo que debía tener lugar en el mes de febrero de 2016. Pero resulta que el 6 de diciembre de 2016, el condenado y fastidioso de Murphy, el mismo de la Ley, se volvió atravesar en el camino, pues el soberano decidió que los asambleístas seguidores de la entelequia espectral que una vez fue Hugo Chávez (a quien, por cierto, el recién pasado 28 julio se le cantó “cumpleaños feliz” y se le picaron tortas con velitas y todo al mejor estilo santero y babalawo), no dispusieran de la mayoría parlamentaria requerida, ni tan siquiera, para nombrar al bedel del Palacio Legislativo. A partir de entonces comenzó a cundir el pánico entre los diputados patriotas, lo que los llevó a ejecutar actos legislativos ilegales que sentaron las base al actual enfrentamiento institucional entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Debo aquí señalar que el proceso de selección y designación de los 13 nuevos magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, fue llevado a cabo de forma atropellada y ajena absolutamente a los requisitos y procedimientos legales, por una Asamblea Nacional moribunda que, producto del pánico que le sobrevino el 6 de diciembre de 2015, intento nuevamente, como lo hiciera en el año 2002, asegurarse la subordinación del poder judicial a través del control del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando digo que el proceso de selección y designación de los llamados magistrados express fue irrito e ilegal y por ende nulo de toda nulidad, lo expreso con pleno conocimiento pues así me lo comentó personalmente un altísimo funcionario judicial el día 4 de diciembre de 2015, apenas 48 horas antes de la celebración de las elecciones parlamentarias. En esa ocasión, el patriota cooperante – llamémoslo así para proteger su identidad – ante mi pregunta interesada sobre la situación interna en que se encontraba el Tribunal Supremo de Justicia en aquellos tiempos, palabras más, palabras menos, me contesto:

A ti no te puedo engañar, pues tú vives de la profesión. Todo está muy complicado. Yo fui quien le dije a la Junta Directiva de la Asamblea hace más de un año, que debíamos asegurar las vacantes de los magistrados que pasaban a retiro en febrero de 2016, por jubilación legal o anticipada, con personas afectas al proceso. Pero como en esta vaina todo el mundo hace lo que le da la gana, no me hicieron caso, y ya hoy es muy tarde, pues los lapsos legales no dan para cumplir con el proceso de designación antes que la nueva Asamblea tome posesión en enero del año que viene. ¡Ah, no, y para más vaina, dos de los magistrados que habían sido convencidos de acogerse a la jubilación, ahora se echaron para atrás!

 Ante esta espontanea confesión de parte, pregunté al interlocutor como él, un hombre del proceso, veía las elecciones a celebrarse el siguiente domingo 6 de diciembre. Su respuesta fue que el chavismo obtendría entre 85 y 90 diputados, con lo que la irresponsabilidad de la Directiva de la Asamblea no traería consecuencias, pues con la mayoría simple de diputados que sin dudas se alcanzaría, podían llenarse las vacantes en el Tribunal Supremo, pues no era necesaria la mayoría de dos tercios para designar magistrados, sino una mayoría simple, en una cuarta votación. Por demás esta recordar que el domingo 6 de diciembre de 2015, trajo una realidad muy distinta a la anticipada por mi patriota cooperante, pues la oposición venezolana, agrupada en la Mesa de la Unidad (MUD), obtuvo 112 diputados de un total de 167, lo que representó dos tercios de la Asamblea recién electa. Es bueno señalar que ese arrollador resultado electoral para la oposición fue posible gracias a la trampa ejecutada 5 años antes por el Consejo Nacional Electoral, cuando procedió al cambio de los circuitos electorales en favor del Régimen.

A partir del catastrófico resultado electoral experimentado por los chavistas en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, comenzó una desaforada carrera contra el tiempo para elegir a los magistrados que sustituirían a los que se daban de baja – o los que eran dados de baja, como fue el caso de los magistrados Luis Antonio Ortiz, de la Sala Civil y Carmen Porras, de Sala Social – antes del cierre de las sesiones parlamentarias ordinarias el 15 de diciembre de 2015.  En la Sesión Extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2015, luego de tres intentos fallidos para alcanzar la votación calificada de dos terceras partes de la Asamblea debido a la abstención opositora, fueron designados y juramentados los 13 magistrados principales y 21 magistrados suplentes escogidos, con el voto de la mayoría simple de los diputados oficialistas, dándose el caso de un magistrado electo que votó por el mismo, pues para ese momento era un diputado patriota. La distribución por Sala de estos nuevos magistrados principales, es la siguiente:

            Sala Constitucional 3 magistrados
            Sala Civil 3 magistrados

 

            Sala Penal 2 magistrados

 

Sala Político – Administrativa 2 magistrados

 

            Sala Electoral 2 magistrados

 

            Sala Social 1 magistrado

Como era de esperarse, desde antes de instalarse la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016, comenzó el enfrentamiento entre un poder legislativo con incuestionable legitimidad de origen y electo con una mayoría absoluta de diputados de la oposición, contra un Tribunal Supremo de Justicia nombrado a dedo, sin legitimidad de origen y con 13 de sus miembros principales designados ilegalmente. El 30 de diciembre de 2015, la Sala Electoral del Tribunal Supremo, integrada por 5 magistrados, 2 de los cuales eran express, inicio la ofensiva contra la voluntad popular al dictar la sentencia No. 260, con ponencia de la magistrada Indira M. Alfonzo, mediante la cual se admitió el recurso contencioso electoral, interpuesto apenas 48 horas antes por una derrotada candidata oficialista a diputado por el estado Amazonas. Conjuntamente con el recurso contencioso electoral, se interpuso una solicitud de amparo cautelar que fue declarado procedente. En el punto 3 del dispositivo de dicho fallo, se estableció, con respecto a los diputados electos por el estado Amazonas y la Representación Indígena, lo siguiente

  1. PROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar, en consecuencia, ORDENAde     forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional.

Esta decisión estaba reñida con la legalidad constitucional, pues una vez que los diputados han sido adjudicados, proclamados y juramentados, tienen inmunidad (artículo 200 de la Constitución Nacional) y no pueden ser desaforados sino por la misma Asamblea con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, según lo establece el artículo 187, numeral 20 de la Constitución Nacional. En todo caso, la sentencia de la Sala Electoral resultaba ser inejecutable de acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo, pues no se podían suspender los efectos de actos ya cumplidos, como lo eran la totalización, adjudicación y proclamación de esos cuatro diputados. Además, la Sala Constitucional previamente se había pronunciado con respecto a que la proclamación de un candidato no podía suspenderse por vía de una acción de amparo. En tal sentido señaló la Sala Constitucional:

“…la proclamación de un candidato en un determinado cargo no puede ser suspendida o controlada a través de una acción de amparo constitucional otorgada favor de quien lo pretende, pues en los procesos judiciales electorales cuando se impugnan actos como el referido, no es la protección individual de un derecho constitucional, sino el respeto a la expresión de la voluntad del electorado que oportunamente sufragó y eligió a un candidato determinado, lo que priva, y ello conlleva a que la cuestión objeto del mismo sea de interés general”

En la misma sentencia, también estableció, en relación a la procedencia de la acción de amparo constitucional, que esta no procede contra aquellos actos

“…relacionados con la votación, escrutinios, totalización y proclamación de los candidatos, que si conforman la fase final del proceso electoral, por ser el recurso idóneo para impugnar estos actos el contencioso electoral”  

Ante la catástrofe electoral que sufrió el chavismo, lo que implicaba lidiar con una oposición controlando las dos terceras partes de los diputados, resultaba de vida o muerte para el oficialismo evitar que la MUD contara con la mayoría absoluta de 112 diputados, con lo cual la Asamblea Nacional se convertiría en un muro de contención contra las pretensiones hegemónicas del nuevo sátrapa de la provincia de Venezuela, Nicolás Maduro. A partir de aquel 6 de diciembre, se desató entonces, ya no una lucha entre poderes sino una batalla a muerte, en la cual, hasta hoy, no ha habido tregua ni dialogo posible, pues de ella depende la sobrevivencia misma de un modelo impuesto a los venezolanos por un grupo de trasnochados, quienes incurrieron en el más ruin acto de traición a Venezuela desde los tiempos de aquel que Herrera Luque apodó el Urogallo. Así, a partir de la instalación de la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero 2016, el Tribunal Supremo de Justicia, convertido en el ariete del oficialismo, arremetió contra la Asamblea Nacional, depositaria de la voluntad popular, dictando sentencias ausentes de reparo republicano alguno, que limitaban las facultades constitucionales del Poder legislativo y que declaraban inconstitucionales las leyes sancionadas en cumplimiento de las promesas hechas al electorado. La cronología

de los zarpazos lanzados a la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo de Justicia, es la siguiente:

1.- El 11 de enero de 2016, la Sala Electoral declaro la nulidad de los actos de juramentación e incorporación de los diputados de Amazona y la Representación Indígena y ordeno la desincorporación de estos.

2.-El 14 de enero la Sala Constitucional convalido el desafuero de los diputados de Amazonas. Previamente, el 12 de enero, se desincorporan voluntariamente los 3 diputados del Estado Amazonas.

3.- El 11 de febrero la Sala Constitucional declara vigente el decreto de emergencia Económica, rechazado por la Asamblea Nacional el 22 de enero.

4.- El 1 de marzo la Sala Constitucional elimino las facultades de control político de la Asamblea.

5.- El 17 de marzo la Sala Constitucional, desconociendo la potestad de la Asamblea Nacional prevista en el artículo 337 constitucional, declaró constitucional la prórroga por 60 días del Decreto de Emergencia Económica.

6.- El 29 de marzo la Sala Constitucional afirmó que la Asamblea Nacional no tenía facultad para revisar, anular, revocar o dejar sin efecto el nombramiento de los magistrados exprés.

7.- El 11 de abril, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada el 29 de marzo.

8.- El 22 de abril la Sala Constitucional suspende artículos del Reglamento de Interior y debates.

9.- El 25 de abril la Sala Constitucional estableció que cualquier enmienda constitucional no surtiría efecto retroactivo ni sería de aplicación inmediata. Esta decisión estaba relacionada con impedir el recorte del periodo presidencial de Maduro

10.- El 28 de abril, la Sala Constitucional suspendió la entrada en vigencia de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas para Pensionados y Jubilados, hasta tanto el Ejecutivo constatara su viabilidad.

11.- El 5 de mayo, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Suprema de Justicia.

12.- El 6 de mayo, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros Programas Habitacionales del Sector Publico, sancionada el 13 de abril.

Sin importar esta andanada judicial, la Asamblea Nacional continúo sesionando de forma normal, ya sea en sus sesiones ordinarias de los martes y jueves, o a través de sus distintas comisiones políticas y sociales. Esta aparente pasividad del poder legislativo, que, salvo por una que otra declaración pugnaz del diputado Henry Ramos Allup -como aquella en que llamó a Maduro colombiano– apuntaba a una normalidad institucional, levantó críticas en sectores de la oposición que sentían frustración ante la suicida pasividad que parecía imperar en el Palacio Federal. Sin embargo, el mes de julio fue testigo de dos acciones legislativas que redefinieron las reglas del juego político y el curso que tomaría ahora la pugna entre poderes. Ello así, el 14 de julio la mayoría de los diputados de la oposición aprobó el llamado Informe Berrizbeitia, mediante el cual, basado en el principio de la auto tutela administrativa que permite a todo órgano del poder público nacional, estadal o municipal revisar sus propios actos administrativos de carácter sub legal, se dejó sin efecto, por estar viciado de nulidad, todo el proceso de escogencia, designación y juramentación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes que fueron designados el 23 de diciembre de 2015 por la anterior Asamblea Nacional, quienes recibieron coloquialmente el apelativo de Los Magistrados Express motivado a la forma burda y atropellada en la que fueron designados. El otro acto legislativo que redefine el enfrentamiento institucional que vivimos lo venezolanos, se produjo el 28 de julio pasado con la reincorporación a sus curules de 3 de los 4 diputados electos el 6 de diciembre de 2015 por el estado Amazonas y la Representación Indígena de Apure. A continuación, analizaremos los efectos jurídicos y políticos de estos dos hechos transcendentes, que serán en definitiva los que definan el resultado de este conflicto.

 

MAYORÍA CALIFICADA EN LA ASAMBLEA NACIONAL

La Asamblea Nacional electa para el periodo 2016 – 2021, está conformada por 167 diputados y sus decisiones se toman mediante dos tipos de mayoría: la mayoría simple y la mayoría calificada. Dada la conformación actual de la Asamblea, la mayoría simple representa la mitad más uno de los diputados, o numéricamente hablando, 84 diputados; mientras que la mayoría calificada se aplica de acuerdo a determinados porcentajes que la propia Constitución califica. En algunos casos, la mayoría calificada está conformada por las 2/3 partes o 112 diputados y en otros casos se exige una mayoría de 3/5 partes, o 100 diputados. Si partimos del hecho que el 6 de diciembre solo fueron electos 55 oficialistas, contra 112 diputados opositores, podremos apreciar que la oposición dispone de una mayoría calificada absoluta que la faculta constitucionalmente para aprobar o negar cualquier iniciativa legislativa o administrativa que sea sometida a votación. Los asuntos que deben ser aprobados por la mayoría simple o la mayoría calificada de 3/5 partes, no representan peligros políticos inminentes para el oficialismo y, además, no existe forma de evitar su aprobación por la oposición democrática, haciendo la salvedad que en el mes de diciembre pasado, el chavismo impugnó los resultados electorales en 7 circunscripciones judiciales (10 diputados), suspendiéndose solo en una (el estado Amazonas) la proclamación de los 4 diputados electos en esa circunscripción. Pero es la mayoría calificada de 2/3 la que aterra a Maduro y sus conjurados, pues con esa mayoría se aprueban los siguientes asuntos:

  1. Someter a referendo aprobatorio los proyectos de Ley que discuta la Asamblea Nacional (artículo 73).
  1. Someter a referendo los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales (artículo 73).
  2. Admitir todo proyecto de Ley orgánica, salvo el que la Constitución califique como tal (artículo 203), (dos terceras (2/3) partes de los Diputados presentes en la sesión).
  1. Modificar de las Leyes orgánicas (artículo 203).
  2. Designar y Remover a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano (artículo 265).
  3. Escoger los titulares de los órganos del Poder Ciudadano que sean propuestos a su consideración por parte del Comité de Evaluaciones de Postulaciones del Poder Ciudadano (artículo 279).
  4. Tener la iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (artículo 348)
  5. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia o su separación temporal del   cargo‎ (artículo 187)

Como se aprecia, la oposición venezolana, con la mayoría electoral de 112 diputados, tiene en sus manos el destino de los integrantes de los demás poderes del estado, inclusive le es dada la potestad de convocar al que la Dra. Cecilia Sosa Gómez en 1999 describió como el poder constituyente originario, para reunirlo en una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de refundar el estado. Esa es la razón por la cual el oficialismo recurrió, en colusión con el Tribunal Supremo de Justicia en su Salas Electoral y Constitucional, a artificios jurídicos sin base legal alguna, con la intención de evitar que la oposición contase con los 112 diputados que conforman la mayoría calificada de 2/3.

Ahora bien, la pregunta que procede es ¿cuenta la sentencia No. 260 dictada por la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015 con suficiente fundamento legal para justificar el desafuero de 4 diputados que fueron proclamados por el organismo competente (CNE) y debidamente juramentados como miembros del poder legislativo? La respuesta es un definitivo NO, pues como señale anteriormente 1. el artículo 6 de la Ley de Amparo prohíbe la suspensión cautelar de actos ya cumplidos con anterioridad; 2. el artículo 200 de la Constitución otorga inmunidad en el ejercicio de sus cargos a los diputados nacionales proclamados y juramentados, y 3. la jurisprudencia de la Sala Constitucional, expresamente establece que el amparo cautelar (acción ejercida para suspender a los diputados electos y proclamados por el estado  Amazonas y la Representación Indígena), no procede contra aquellos actos electorales “…relacionados con la votación, escrutinios, totalización y proclamación de los candidatos, que si conforman la fase final del proceso electoral…”.

Un tema interesante en esta maquinación judicial emerge con la posición asumida por Consejo Nacional Electoral con relación al desafuero de los diputados por el estado Amazonas y la Representación Indígena. En efecto, mucho se ha hablado en estos días sobre un supuesto apoyo del CNE a la suspensión de los efectos del escrutinio, totalización y proclamación de los diputados de Amazonas, decretado por la Sala Electoral. Confieso que en la investigación que he realizado sobre el tema, no he encontrado evidencia alguna que el CNE este confederado con el Tribunal Supremo de Justicia y el resto del oficialismo para privar a la oposición de su mayoría de 2/3 en la Asamblea Nacional, mediante la separación de sus 3 diputados por el estado Amazonas. Más bien estimo que las rectoras del CNE han preferido astutamente desligarse del tema y pasar desapercibidas de todo este oscuro asunto y ello se pone en evidencia mediante tres reseñas periodísticas -todas disponibles en la página web oficial del CNE- que apuntan a una intención del organismo de marcar distancia con la conspiración contra la Asamblea Nacional. La primera, la encontramos en el video de la comparecencia de la Sra. Tibisay Lucena al programa transmitido por Globovisión “Vladimir a la Una”. En respuesta a una pregunta directa del periodista Villegas sobre el caso Amazonas, la Sra. Lucena respondió que eso era materia de un recurso contencioso electoral que se ventilaba ante la Sala Electoral y que ante el CNE no existía ningún recurso electoral en relación a impugnaciones de resultados de las elecciones del 6 de diciembre, las que, a su decir, “resultaron impolutas”. Otra referencia la observamos en lo solicitado por el CNE a la Sala Electoral en relación a los siete casos de impugnaciones en circuitos electorales (Circuitos 1 de Amazonas, 2 de Yaracuy, 2, 3 y 4 de Aragua, 4 de Falcón y el de la Región Sur indígena). En eso casos, el ente electoral pidió a la Sala Electoral que se declarasen “sin lugar” las impugnaciones interpuestas. Por último, está el Aviso Oficial del CNE, publicado en la prensa nacional el domingo 31 de julio de 2016. En ese cartel, que ha ameritado interpretaciones colusionistas con el Tribunal Supremo, las que no comparto, se lee claramente que, en relación al caso de los diputados de Amazonas, el CNE no ha emitido, después de haber sido notificado de la sentencia 260 del 30 de diciembre de 2015, ningún acto administrativo relativo a la elección de los diputados por Amazonas. Lo que está diciendo el órgano electoral es que, con posterioridad a su acto administrativo correspondiente a la totalización, proclamación y acreditación de los 4 diputados amazonenses, no ha existido ningún otro pronunciamiento sobre esos diputados, que afecte o condicione el estatus de esos cuatro ciudadanos electos, proclamados y acreditados como diputados de la República. Hasta que la autoridad electoral no produzca una manifestación inequívoca o un acto administrativo mediante el cual se pronuncie claramente contra la incorporación a la Asamblea de los diputados de Amazonas, como ya lo hiso el Poder Ejecutivo por intermedio de su abogado, el Procurador General de la Republica, no puede decirse que el Consejo Nacional Electoral avala la sentencia de la Sala Electoral del 30 de diciembre de 2015.

Las arremetidas inconstitucionales del resto de los poderes públicos, encabezados por el Tribunal Supremo de Justicia, contra la Asamblea Nacional por su decisión de incorporar a los diputados indígenas seguirán sucediéndose por medios legales, políticos, inclusive de fuerza vandálica, pues es claro que bajo ninguna circunstancia el poder constituido puede permitir que la Asamblea Nacional disponga de facultades que la empoderan constitucionalmente para proceder al desmantelamiento y sustitución de este tinglado que se denomina la V República con su filosofía destructora, el Socialismo del Siglo 21.

 

LOS MAGISTRADOS EXPRESS

Como previamente señalé, el 23 de diciembre de 2015, la extinta Asamblea Nacional, electa para el periodo 2010-2015, designó, en violación a los artículos 263 de la Constitución y  37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de justicia –en los que se establecen los requisitos para ser magistrado– así como a los procedimientos legales y administrativos aplicables para la postulación y selección de miembros principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, a 13 magistrados principales y 21 suplentes. Esa designación fue objeto de una investigación por parte de una Comisión Especial ad hoc constituida por la actual Asamblea Nacional, designándose al diputado por el estado Carabobo, Carlos Berrizbeitia para presidirla. Después de meses de investigación y entrevistas -incluyendo la de dos magistrados que fueron obligados a acogerse a la jubilación anticipada- la Comisión emitió un informe que fue aprobado por la Plenaria de la Asamblea el pasado 14 de julio. En dicho Informe, conocido como el Informe Berrizbeitia, se solicitó (i) dejar sin efecto la escogencia de los magistrados principales y suplentes designados en el espurio procedimiento efectuado por la Asamblea anterior; (ii) declarar la nulidad absoluta de los actos y decisiones adoptadas por esos magistrados mientras usurparon el cargo y, (iii) abrir una nueva convocatoria para designar, conforme a derecho, a los nuevos integrantes del Máximo Tribunal. Por supuesto, que las protestas de una minoritaria bancada oficialista, basadas fundamentalmente en que la Asamblea Nacional no tiene facultad ni competencia para destituir a los magistrados, se dejaron sentir a gritos en el hemiciclo. Ahora bien, la gravedad y trascendencia de este proceder de la Asamblea Nacional nos obliga a analizar, con vista a la normativa aplicable, los siguientes elementos: a.- ¿estaba la Asamblea Nacional facultada para adoptar las decisiones que tomó con respecto a la selección y designación de los magistrados? y b. ¿cuáles son las consecuencias del Informe Berrizbeitia para el funcionamiento del Tribunal Supremo en sus distintas Salas?  En primer lugar, es cierto, como alegan los diputados del oficialismo, que la Asamblea no puede remover a los magistrados sin cumplir con los extremos previstos en el artículo 265 de la Constitución que señala:

 Artículo 265. ° Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca.

Ahora bien, resulta que la Asamblea Nacional no removió ni destituyó a los express, sino que, basándose en la facultad que tiene todo órgano del estado de revisar sus propios actos de acuerdo al principio de la auto tutela administrativa, adoptó la decisión de anular y dejar sin efecto todo el proceso de selección y juramentación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes nombrados espuriamente el 23 de diciembre de 2015. Así lo dejo claro el presidente de la Comisión Especial, el diputado Carlos Berrizbeitia, cuando solicitó a la Asamblea Nacional:

Se declare dejar sin efecto los actos de procedimiento del írrito proceso de selección de los Magistrados y Magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia que culminó en diciembre de 2015 desde el momento irregular de la conformación del Comité de postulaciones judiciales que vició los demás actos de selección, designación y juramentación de los 13 Magistrados y Magistradas y 21 suplentes del TSJ, los cuales además adolece de los vicios propios objetivamente constatado por esta Comisión”.

Es más, al no cumplir los seleccionados con los requisitos previstos en el artículo 263 de la Constitución para ser designados magistrados (aparentemente solo 3 de los escogidos tienen las credenciales necesarias), se incurrió en una violación al mandato constitucional contenido en el artículo 285, lo que implica la nulidad de esas designaciones, conforme se establece claramente en el artículo 25 de la Carta Magna, el cual señala:

 Artículo 25. ° Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Debemos señalar que este proceder de la Asamblea Nacional en relación de los magistrados ilegalmente designados, tiene su precedente en revolución, pues, como antes señalé, el 3 de diciembre de 2002, una Asamblea Nacional de mayoría chavista revocó el nombramiento del magistrado de Franklin Arrieche, ponente de la decisión de la Sala plena del 14 de agosto de 2002, conocida en el foro como la sentencia del vacío de poder, o en la terminología soez de Hugo Chávez, como la sentencia plasta. Es interesante reproducir aquí lo reseñado por la Agencia de noticias Venpres el 28 de junio de 2004 en relación a los dicho sobre este caso por el entonces vicepresidente de la Comisión Especial que investigó la crisis del poder judicial, diputado Luis Velásquez Alvaray, el mismo que en el año 2006 se fugó del país y fue acusado de corrupto y ladrón por sus compañeros de revolución:

Caracas, 28 Jun. Venpres (Xiomara Borges).- El vicepresidente de la
Comisión Especial que investiga la crisis del Poder Judicial, diputado por
el Movimiento Quinta República (MVR) Luis Velázquez Alvaray, descarta
contundentemente que en la destitución de Franklin Arrieche como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exista una retaliación política.
En ese sentido reitera que el ex magistrado “fue destituido porque
forjó sus documentos. Presentó currículo falso”. El asambleísta explica esta
situación afirmando: “es como si un médico, citó a modo de ejemplo, está
ejerciendo con papeles falsos. Por eso Arrieche será sustituido por un nuevo
magistrado que será nombrado en la misma fecha de los 12 magistrados al TSJ, que señale la ley, por tanto lo nombrará el Comité de Postulaciones
Judiciales”.

Ahora bien, que implica para el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia la decisión tomada por la Asamblea Nacional de dejar sin efectos la designación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes designados el 23 de diciembre de 2015. En mi opinión, el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra legalmente inoperativo pues no se cumplen los extremos de ley para que cada una de sus Salas esté legalmente integrada para sesionar y decidir. En efecto, el artículo 8 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece el número de magistrados que integran las respectivas Salas.

 Artículo 8. La Sala Constitucional estará integrada por siete magistrados o magistradas, y las demás Salas por cinco magistrados o magistradas.

Si nos referimos a la distribución por Sala de los magistrados express arriba reseñada, observaremos que, en cada una, se evidencia por lo menos la presencia de un magistrado irregular, siendo los casos más graves, los de las Salas Constitucional y Civil, en las cuales hay 3 magistrados despojados en cada una. Si nos atenemos al dispositivo del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, apreciaremos que ninguna de las Salas puede considerarse legalmente constituida; y, para el supuesto negado de considerarse que las distintas Salas efectivamente pueden legalmente constituirse, las Salas Constitucional y Civil, respectivamente, no cuentan el número de magistrado habilitados para deliberar y decidir, pues en estas Salas no se cumple con el requisito de mayoría absoluta requerido en la Ley. Así lo disponen los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establecen:

Artículo 10. El quórum requerido para la deliberación en cada una de las Salas es la mayoría absoluta de los miembros que la deban integrar.

 Articulo 11. Para que sean válidas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que la deban integrar.

En los artículos 22 y 40 del vigente Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, aprobado el 8 de marzo de 2006 para el funcionamiento de la Sala Plena, se definen el quorum requerido para deliberar en esa Sala y se conceptualizan los términos de mayoría simple y mayoría absoluta que son también aplicables al funcionamiento de las demás Salas del Tribunal Supremo. Estas normas reglamentarias señalan: 

Artículo 22. Las sesiones de la Sala Plena se realizarán con la asistencia de la mayoría absoluta de los Magistrados o Magistradas que la conforman y el Secretario o Secretaria.

Artículo 40. Las decisiones de la Sala Plena se adoptarán por la mayoría simple de los Magistrados y Magistradas presentes, salvo en los casos que disponga la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que requieran del voto favorable de la mayoría absoluta de los Magistrados y Magistradas presentes.

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por mayoría simple la mitad más uno de los Magistrados y Magistradas de la Sala Plena presentes en la sesión. Si el número de Magistrados y Magistradas es impar, la mayoría será la mitad del número par inmediato superior. Mientras que, la mayoría absoluta equivale al voto favorable de las 2/3 partes de los Magistrados y Magistradas que integran la Sala Plena.

Lo anterior implica que, con base a su actual conformación que incluye a los 13 magistrados express, las Salas Plena, Constitucional, Civil, Penal, Electoral y Político Administrativa, no están legalmente conformadas y no pueden constituirse para deliberar y decidir por no contar con la mayoría absoluta de 2/3 de los miembros exigidos para ello. La Sala Social, no obstante tener solo un magistrado express, tampoco está legalmente conformada por contar con solo 4 de los 5 magistrados legalmente designados, exigidos por el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Como podrá apreciarse, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra a partir del 14 julio de 2016, impedido legalmente de cumplir con las funciones que le asignan el artículo 266 de la Constitución Nacional y los artículos 1,2,3, y 4 de su Ley Orgánica. Además, todas las sentencias dictadas por todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, a partir de la incorporación de los 13 usurpadores a las respectivas Salas para las que fueron ilegalmente designados, serian nulas, como consecuencia de lo aprobado por la Asamblea Nacional, la cual declaró, al aprobar el Informe Berrizbeitia, la nulidad absoluta de los actos y decisiones adoptadas por esos magistrados mientras usurparon el cargo.

Ante esta calamidad institucional, cabe preguntarse, ¿Quién responderá por la destrucción del estado de derecho y la seguridad jurídica en Venezuela?

Para concluir, me referiré a un caso emblemático que si bien nada tiene que ver con el enfrentamiento entre poderes que aquí hemos comentado, no deja de ser una evidencia palmaria de la subordinación criminal que tiene la judicatura venezolana – observen que no me refiero a la  justicia venezolana pues esa virtud hace tiempo que no forma parte de la razón de ser del poder judicial en nuestro País – con el poder político y militar, los cuales, en su antinatural alianza, han convertido a Venezuela en un estado fallido, o como dice el profesor Luis Alberto Buttó de la Universidad Simón Bolívar, en un estado cuartel.  Me refiero al caso de Leopoldo López Mendoza quien, enjuiciado por el delito de opinión conjuntamente con cuatro estudiantes venezolanos, ha sido condenado por la juez Susana Barreiro (posteriormente ascendida a Defensora Publica General de la Defensa Publica) a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión. Como todo juicio político, la objetividad en su análisis se ve siempre afectada, pero en el caso del dirigente del partido Voluntad Popular, no hay dudas que la manipulación procesal grotesca evidenciada por la juez del caso y la fiscalía del ministerio público, nos hacen pensar que el juicio no tuvo lugar en la ciudad de los Techos Rojos, sino en Pyongyang, la capital de la medieval Corea de Norte. Hace unos meses vimos las declaraciones emitidas en los Estados Unidos por el fiscal del caso, Franklin Nieves, una vergüenza para nuestra profesión de abogado, quien declaró a los medios internacionales que no existían pruebas contra López, y las que se presentaron en juicio, fueron fabricadas o manipuladas por orden directa de la jefatura del ministerio público. Así las cosas, la prueba más “contundente’ contra el encausado, según se lee en la sentencia, fue el testimonio de Rosa Amelia Asuaje, una testigo experta en lingüística quien interpretó para la Juez Barreiro lo que López quiso decir, pero que en verdad no dijo, pero que si dijo porque así se reflejaba en sus ojos. Esta testigo estrella decidió unos días antes de la celebración de la audiencia de apelación de Leopoldo López, quizás por vergüenza o temor, revocar su testimonio señalando que “La juez Barreiro manipuló mi declaración para inculpar a López. La sentencia parafrasea algo que yo no dije.” Esta decisión contra Leopoldo López – sin que ella tenga el monopolio sobre la aberración jurídica cometida en Venezuela en estos 17 largos años de felonía judicial – en conjunto con el reciente aval de la Sala Constitucional que autoriza a las fuerzas represiva del estado al uso de armas de guerra contra manifestaciones populares, nos ilustra hasta donde ha llegado la subordinación de la judicatura venezolana al poder político ejercido desde Fuerte Tiuna (estado cuartel) y Miraflores (estado fallido). Para concluir, vale la pena citar la opinión de Allan R. Brewer Carias, contenida en un análisis sobre el proceso y la sentencia contra Leopoldo López fechado en Nueva York el 10 de octubre de 2015, y la de José Miguel Vivanco Director de Human Rights Watch para las Américas. Primeramente, citemos al Dr. Brewer Carias:

 “No hay forma alguna de valorar esta sentencia, que no sea afirmando que se trata de un insulto al derecho y a la inteligencia, y un claro ejemplo de como el régimen totalitario desprecia la Ley. Por ello, con razón José Miguel Vivancos de Human Rights Watch expreso que decisiones como esta: ‘se toman en el Palacio de Gobierno y no en el Poder Judicial’”

Por su parte José, Miguel Vivancos expreso:

El juicio estuvo marcado por gravísimas violaciones del debido proceso, y no se aportaron pruebas que vinculen a los acusados con ningún delito (…) Este caso es una farsa, en un país sin independencia judicial, una jueza provisoria sin inamovilidad en el cargo condena a cuatro personas inocentes luego de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno, y no se les permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente”

Para cuando lean este ensayo, es muy probable que las agresiones del poder revolucionario constituido hacia la Asamblea Nacional, hayan asumidos ribetes comparables con el atentado al Congreso en 1848 por las huestes de José Tadeo Monagas, o con la quema de Reichstag por los nazis en 1933. Pero lo que probablemente suceda en los próximos días, nos ha sido ya anunciado por un resucitado Julián Isaías Rodríguez, quien dijo en el llamado “Conversatorio con los Constituyentes” efectuado en el Panteón Nacional el pasado 3 de agosto,

 “En Venezuela el poder reside en la Sala Constitucional y el Presidente tiene la   posibilidad de disolver la Asamblea Nacional.”    

Dada la gravedad del tema tratado en estas páginas para institucionalidad venezolana, confieso que no encontraba la forma de concluir apropiadamente este ensayo. Por casualidad encontré en un libro sobre la “Santa Inquisición” la formula usada por los monjes Benedictinos para alejar al mal de las almas poseídas. Creo que la invocación Benedictina es la apropiada para poner fin a mis ideas y por eso invoco, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ¡Vade retro Satana!

Caracas, 3 de agosto de 2016.

Ernesto Estévez León

 

 

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